Los ayuntamientos leoneses van a afrontar el próximo año el ejercicio económico más difícil desde su constitución democrática. Así lo expresó ayer la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, refiriéndose también a la institución provincial que tendrá este año un recorte de los fondos estatales de 35 millones, ocasionado por la crisis económica que sufre todo el país. Este recorte ha dado ya lugar a más de un debate entre el PP y el PSOE, por considerar el primero que es excesivo, mientras que los socialistas consideran que es fruto de la falta de ingresos que padece el Estado. El recorte en cualquier caso está ahí y tendrá que reflejarse en los Presupuestos de la Diputación y en los de los ayuntamientos, que se nutren de los fondos de la institución provincial en buena parte. En este contexto, todos los grupos aprobaron por unanimidad que el próximo Plan E del Gobierno, que cuenta con menos fondos que el anterior, deje destinar a cada ayuntamiento el 60% del mismo a financiar sus gastos corrientes y sus deudas. Este Plan contempla que lo destinado a esta función no debe superar el 20%, debiendo ir el resto a inversiones reales. La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia van a ver disminuidos drásticamente sus ingresos en 2010 a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha paralizado la construcción y, por tanto, la mejor fuente de ingresos de todas las administraciones locales. Los ayuntamientos verán recortados además los ingresos provenientes del Estado, de la Junta y de la Diputación, porque todos ellos provienen de los ingresos de impuestos y todos han caído en picado a causa de la crisis. Todos los municipios por tanto deben afrontar un recorte sustancial de sus presupuestos; y ahí radica el problema. Hasta ahora ni lo ha hecho el Estado, ni la Junta, sobre todo en sus capítulos de gastos fijos, que corresponden a los sueldos y a los servicios. Mientras estos dos capítulos no se recorten a todos los niveles, el gasto público seguirá aumentando generando déficit y reduciendo las inversiones. Muchos ayuntamientos ni siquiera podrán recortar en inversiones, porque ya son casi nulas y se verán abocados a la quiebra y a no poder pagar a sus empleados o prestar servicios. Destinar el 60% del Plan E a gastos corrientes sería defendible si se hiciera un verdadero esfuerzo por recortar los gastos fijos, pero mucho nos tememos que, a poco más de un año de las elecciones, ningún alcalde se atreverá.
