ICAL / Valladolid
El PSCyL-PSOE propone la creación de un órgano de gobernanza en cada una de las 20 zonas rurales de las provincias de Castilla y León pactadas y seleccionadas por el Gobierno central y la Junta para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que se encuentra en periodo de información pública hasta el próximo 7 de diciembre, y es el principal instrumento para la puesta en marcha de la ley, que prevé una inversión total en España de 2.580 millones para el marco 2010-2010.
Esta es una de las alegaciones que formulará el PSCyL-PSOE al Programa que ha presentado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, cuyo documento registrará este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, que ha sido elaborado junto a responsables y grupos de desarrollo rural de las nueve provincias, según avanzó el secretario autonómico de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Fuentes, a la agencia Ical.
Los socialistas plantean que este órgano de gobierno sea el encargado de diseñar, planificar y gestionar los planes de zona, que, según la normativa, son los instrumentos de planificación que se elaborarán para atender de manera sistemática, específica y personalizada las necesidades de cada territorio. “No queremos que haya ningún manejo externo a las zonas”, argumentó Fuentes, para quien ese órgano, con la configuración que se decida, será el que gestione el dinero que para cada zona llegue de la Junta y del Gobierno.
Con la petición de este órgano, los socialistas quieren que los protagonistas de este programa sean los ayuntamientos y no las diputaciones, advirtió el secretario autonómico de esta materia, quien subrayó que el sistema de gobierno para cada zona será acordado por la Junta de Castilla y León. En ese instrumento de planificación, Fuentes sostuvo que deben estar las organizaciones agrarias, las agrupaciones de mujeres rurales, los grupos de acción local y los sindicatos de clase.
En otra de las alegaciones, reclaman la inclusión de dos nuevas zonas entre las 20 que ya han pactado la Junta de Castilla y León y el Gobierno central para la aplicación del programa. Se trata de La Cepeda, en León, y la Moraña, en Ávila, y Santa María la Real de Nieva, en Segovia, que se agruparía en una única zona. También solicitan que el dinero “se oriente” a las zonas rurales prioritarias. “La Junta ha hecho un trabajo aceptable, pero es mejorable”, resumió el también portavoz de Agricultura y Ganadería en las Cortes.
La propuesta de delimitación de zonas rurales prioritarias para la Comunidad recoge El Bierzo, Laciana, Montaña Oriental y la Maragatería, en León; Zamora noroeste, Zamora centro y Zamora suroeste; Salamanca noroeste, Salamanca centro y Salamanca sur; Ávila centro oeste; Tierra de Campos en las provincias de Zamora, León, Valladolid y Palencia; Palencia Norte; Las Merindades, en Burgos; Pinares, en Burgos y Soria; Soria oeste y Soria sur y, por último, Segovia oeste.
Los socialistas estiman una inversión mínima de dos millones de euros anual en cada una de las zonas, lo que supondrá una aportación de al menos 40 millones, cofinanciados a partes iguales por el Gobierno y la Junta, así como la inyección de diez millones en cada zona durante los cinco años de vigencia del programa. No obstante, Fuentes consideró factible que la financiación esté entre los dos y cuatro millones en cada zona, más en el primer año de funcionamiento.
El calendario marcado por el Ministerio de Elena Espinosa marca un periodo de información de 45 días, de manera que en ese periodo, que finalizará el 7 de diciembre, se podrán presentar observaciones y alegaciones ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio. Finalizado el plazo y resueltas las mismas se aprobará el programa mediante real decreto.
El Ministerio y las comunidades han determinado que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible se aplique en 182 zonas rurales españolas, de las que 90 han recibido la calificación de ‘zonas rurales a revitalizar’. En su conjunto, se operará sobre el 68 por ciento del territorio nacional y afectará a un 16 por ciento de la población española.
Actuaciones y planes
Por otro lado, el Programa incluye 64 tipos de actuaciones de diez ministerios con posible aplicación preferencial a las zonas rurales prioritarias a través de subvenciones o bien a las vinculadas a las necesidades que señalen los planes de zona mediante inversiones reales. Además, se contemplan 52 tipos diferentes de actuaciones autonómicas susceptibles de ser incluidas en los planes de zona para la ejecución por las comunidades de forma concertada y cofinanciada con la Administración General del Estado.
Estas actuaciones también incluyen el apoyo a las acciones que son competencia de las corporaciones locales, y se extienden por los ámbitos sectoriales de las actividades económicas, empleo, infraestructuras, servicios básicos, energías renovables, TIC, gestión del agua, seguridad ciudadana, educación, cultura, protección social, igualdad, urbanismo y vivienda, conservación de la naturaleza, y gestión sostenible de los recursos naturales.
El texto que ha salido a información pública recoge las características que han de reunir los planes de zona, que se configuran como el instrumento de planificación diseñado para atender de forma sistemática, específica y personalizada las necesidades de cada territorio, cuya elaboración debe partir de un estudio de la sostenibilidad de cada territorio. Además, las comunidades deben emprender, previo establecimiento de un sistema de participación real y efectiva de las corporaciones locales, la población y los agentes económicos, sociales y ambientales de cada zona rural, participación que se considera clave para la consecución de los objetivos del Programa.
También recoge las características esenciales que han de tener los convenios a suscribir entre cada comunidad autónoma y la Administración General del Estado para posibilitar la ejecución concertada de las actuaciones contempladas en los planes de zona.
