El dato, por sí mismo, es suficientemente revelador: menos de la mitad de los grandes fuegos de la provincia de León acaban en los juzgados. Estos son al menos los datos que maneja la Junta de Castilla y León y que confirman que de los 75 informes de investigación realizados hasta el pasado 30 de septiembre, sólo 32 han acabado siendo remitidos a órganos de justicia. La Administración autonómica es posible que alegue en su defensa que hace lo que puede, y que su investigación se debe completar con los informes de la Guardia Civil, es decir, del Gobierno, que también deberían de conocer los magistrados. Puede que sea así, pero lo cierto es que el dato de que sólo la mitad se llevan a los tribunales pone de manifiesto la falta de voluntad para acabar con una lacra social. Destrozar el patrimonio natural de décadas sigue siendo muy fácil. León vivió el pasado mes de septiembre una verdadera oleada de fuegos, con 22 grandes en apenas cuatro días, 18 de ellos provocados. A día de hoy, casi dos meses después, no se sabe de la detención de ningún pirómano como responsable de la destrucción de centenares de hectáreas de monte, y eso que los fuegos se produjeron en localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce. Está claro que el monte se quema siempre por intereses. Y es verdad también que cuando hay una conciencia colectiva en un pueblo, sólo una fatalidad puede acabar con el patrimonio común de generaciones. Cuando los incendios dejan de ser el foco de la noticia y llega el invierno, hay que volver a hablar y a denunciar la impunidad con la que siguen actuando algunos. Los delitos medioambientales necesitan un mayor castigo. Quizá la cárcel sea sinónimo de demasiado dureza –salvo en casos excepcionales, donde hay daños personales e incluso muertes–, pero es necesario ampliar las multas para frenar de alguna manera lo que es una práctica común en muchas localidades. Mientras el monte no sea visto como una riqueza patrimonial de todos que hay que cuidar, habrá inconscientes que cojan una cerilla o un mechero para que ardan árboles centenarios y zonas de difícil repoblación. Seguramente sea una batalla larga , pero los incendios no pueden quedar como un delito menor. Es mucho lo que se quema. Los poderes públicos, en este caso la Junta y el Gobierno, deben ir de la mano. O todos juntos combaten los incendios, o el año que viene se repetirá la misma historia de este verano.
