La Ley de Desarrollo Rural deja fuera más de un tercio de la provincia

David Rubio / León
Más de un tercio de la provincia de León se quedará fuera del territorio de actuación de la Ley de desarrollo Sostenible. La Junta de Castilla y León, institución encargada de colaborar en la puesta en marcha de esta ley aprobada por el Gobierno en diciembre de 2007, ha divido en tres únicas zonas las provincia de León: la norte, que engloba toda la parte septentrional de la provincia desde Picos de Europa hasta Ancares, la sudeste, que abarca el entorno de Sahagún, y la sudoeste, que comprende tanto La Cabrera alta como la baja. En total, la zona que la Junta de Castilla y León ha delimitado como territorio de actuación de la ley de desarrollo rural sostenible abarca en total 9.467 kilómetros cuadrados de los 15.581 que tiene en total la provincia de León. Y, por lo que se refiere a habitantes, los programas y proyectos que se lleven a cabo beneficiarán a un total 92.367 personas, del más de medio millón con el que cuenta actualmente la provincia.
Las cifras, como se puede comprobar, no tienen nada que ver con las que se manejan a nivel nacional, donde se considera medio rural al 90% del territorio (aunque tampoco la ley de desarrollo rural se aplicará en el total), en el que habita un tercio de los españoles.
Obviamente, la ley de desarrollo rural sostenible no se aplicará en los grandes núcleos de población como son León, Ponferrada, Astorga y La Bañeza, y tampoco actuará en aquellas zonas en las que la renta per cápita es más elevada, como ocurre en varios de los municipios del sur de León en los que la tasa de paro es muy inferior a la del resto de la provincia y que son los únicos que han crecido en población a lo largo de los últimos años. Pero la propuesta del territorio de aplicación de la nueva ley, que se ha encargado de redactar cada una de las comunidades autónomas, deja fuera, en ese tercio de la provincia en la que no se aplicará, muchas comarcas en las que las necesidades siguen siendo las mismas que en las zonas más remotas y menos desarrolladas. Es el caso, por ejemplo, de la Cepeda, Almanza, el valle del Curueño, la ribera del Porma, zonas despobladas y sin recursos como tantas otras de las provincia y que, en cambio, no se contempla en el territorio de aplicación de la ley. Sí se incluye en la demarcación propuesta por la Junta, en cambio, el municipio de Valencia de Don Juan, al que su estratégica situación geográfica y el desarrollo industrial han convertido en una de las más pujantes y habitadas de la provincia.
Se da la circunstancia de que esta ley fue anunciada precisamente en León por el presidente del Gobierno, durante su visita a la fiesta campesina de 2007 que cada verano se celebra en la localidad de Hospital de Órbigo. Con esta ley, según anunció Zapatero aquel día, se pretende integrar e impulsar las zonas rurales de nuestro país, gracias a un desarrollo sostenible que se pretende traducir en diversidad económica, infraestructuras y equipamientos, servicios públicos, cuidar y proteger el medio ambiente y favorecer el acceso a una vivienda, aspecto este último que vendría a contribuir al que sin lugar a dudas es uno de los grandes objetivos no sólo de esta ley sino también de otras muchas y de gran parte de las propuestas institucionales en los últimos años: la lucha contra la despoblación.
A pesar de los enfrentamientos que ha provocado entre PP y PSOE la delimitación del territorio de actuación, queda por salvar el que sin duda es el principal escollo de ésta y de todas las leyes: el presupuesto. En total, entre los años 2010 y 2014 se invertirán 400 millones de euros en todas las áreas rurales seleccionadas en Castilla y León, de los que la mitad los tiene que aportar la Junta.