No hay nada que le guste más a un alcalde que dejar la huella de su gestión en la ciudad en forma de monumento, edificio emblemático u obra emblemática y cuanto más faraónica, mejor. La actual recesión económica ha provocado que eso ya sea historia y que en estos momentos a los alcaldes los ciudadanos deban juzgarlos ante todo por su capacidad para sostener los servicios básicos (que ya son muchos y muy caros) al menor coste posible para el bolsillo de los contribuyentes. Si el Ayuntamiento de León hubiera continuado el ritmo de endeudamiento, de impagos a proveedores y de aumento del gasto que llevaba en las últimas legislaturas, en estos momentos nos encontraríamos como, por ejemplo, el de Villablino, en peligro de ser intervenidos por una administración superior. El Ayuntamiento de León acordó ayer la negociación del pago de la deuda del servicio de limpieza, que acumula una deuda de 70 millones de euros. Esta deuda, la mayor de la considerada como histórica de León, que supera los 200 millones en total, supone que se le debían a la empresa concesionaria más de cuatro años de prestación del servicio y que León ha corrido un riesgo real y serio de quedarse sin servicio de limpieza. Para poder pagar estas deudas el actual equipo de gobierno, del PSOE y la UPL afrontó desde el primer día en el gobierno municipal medidas impopulares, pero necesarias, como la semiprivatización del agua, la reducción de la plantilla municipal, el aumento de impuestos como el IBI, la venta del matadero y otras de menor calado, que perseguían generar ingresos para pagar estas deudas y recortar gastos con los que garantizar el sostenimiento futuro de los servicios. Algunas de estas medidas impopulares se han realizado con más o menos acierto y oportunidad, pero hay un hecho que es necesario reconocer y es que eran imprescindibles y que, de no haberse adoptado, la ciudad de León estaría pagando con creces este error. Por desgracia, el Ayuntamiento aún debe perseverar en este tipo de medidas, sobre todo en el recorte de gastos corrientes y en el abandono de servicios impropios, por muy impopular que sea alguna medida. El Gobierno y la Junta deberían aprovechar la actual crisis para poner en marcha leyes que impidiesen a partir de ahora que una administración municipal pueda llegar a una situación tan crítica como la de León, responsabilizando incluso penalmente a los alcaldes de turno.
