Amoedo advierte de que la gestión de personal podría vulnerar la ley

Imagen del área de atención al público en el Ayuntamiento de León. MAURICIO PEÑA

NOTICIAS RELACIONADAS

• Reclama al Ayuntamiento que cree una bolsa de trabajo

Daniel Álvarez / León
La política de personal del Ayuntamiento de León no deja de ocasionar problemas al equipo de gobierno PSOE-UPL. El Procurador del Común, Javier Amoedo, remitió el pasado miércoles al alcalde de León, Francisco Fernández, un duro informe al respecto. La resolucióntiene su origen en nueve quejas sobre la remodelación de la plantilla municipal acordada en 2008 y presentadas por otros tantos trabajadores despedidos del Consistorio a los que los tribunales han dado la razón.
Pese a que las referencias a la falta de colaboración del Consistorio para facilitar información son constantes en todo el texto, el Procurador del Común concluye que “la gestión de personal realizada por ese Ayuntamiento podría estar vulnerando el ordenamiento jurídico, tanto desde el punto de vista de la contratación de personal como en lo referente a la provisión de puestos de trabajo y a la decisión de los empleados públicos singulares que van a ser afectados por la amortización de puestos de trabajo”.
El informe de Amoedo también revela que hay un recurso contencioso administrativo para anular el acuerdo plenario del 29 de abril de 2008 en el que se aprobaron las modificaciones en la plantilla.
La resolución califica de “deficiente” la gestión del Ayuntamiento de León“tanto a lo que afecta a las medidas adoptadas a fin de modificar las plazas como en cuanto a las actuaciones concretas seguidas sobre las movilidades para cada uno de los trabajadores afectados”. El procurador habla incluso de una creación de plazas “contraria a la legalidad” para el caso de una nueva categoría laboral de auxiliares de oficina y de “múltiples movilidades de personal carentes de motivación jurídica”.
La resolución también destaca que el problema de fondo básico en la gestión de personal del Ayuntamiento de León podría estar en la “elevadísima temporalidad en los empleos públicos” y en “la falta de adopción de las medidas necesarias que pudieran generar una vía de solución”. Amoedo precisa que “se tiene la impresión de que el Ayuntamiento de León “podría estar realizando contrataciones de las encuadradas dentro de la modalidad denominada ‘contratación de plano’, esto es, las llevadas a cabo sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo y sin observancia de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad constitucionalmente establecidos”.
También precisa que de la documentación analizada se genera “la impresión de que ese Ayuntamiento podría haber contratado a empleados públicos y acordado movilidades vulnerando los principios constitucionales”.
El Procurador del Común reconoce que le llama la atención el aumento de más de 7 millones de euros en los gastos de personal entre 2008 y 2009 y que eso se contradice con la política de recortes.
Fuentes municipalaes indicaron ayer que el Ayuntamiento no ha recibido aún el informe.