También reclaman 1,6 millones para el conductor leonés
Estado en el que quedó el tren tras su descarrilamiento el 21 de agosto de 2006 en Villada. M. CHACÓN / ICAL
L.C. / León
El maquinista leonés del tren que descarriló en Villada el 21 de agosto de 2006, en el que murieron siete personas y más de un centenar de viajeros sufrió lesiones, será juzgado a partir de hoy en la Audiencia de Palencia. Está previsto que la vista oral se alargue hasta el viernes, dado el centenar de testigos de acusación y defensa.
El fiscal solicita una pena de dos años y seis meses de prisión para el maquinista como supuesto responsable de siete delitos de homicidio imprudente, además de 95 delitos de lesiones imprudentes.
El auto subraya que, supuestamente, el maquinista hizo “caso omiso” tanto a la señal luminosa como acústica, sin que hubiera incidencia alguna en los dispositivos técnicos, ni en la infraestructura. Además, relata que el cambio de vía y la señalización de la avanzada fue dispuesto mediante el sistema informático que habitualmente se utiliza “con el fin de proteger la seguridad de los viajeros”.
En el escrito de acusación se ha solicitado para el maquinista natural de León la inhabilitación para ejercer su profesión durante cuatro años y medio. Así, en el apartado de responsabilidad civil se piden indemnizaciones por daños y secuelas en los heridos que no han renunciado a ellas, que superan la cantidad de 1.642.000 €.
Por su parte, el escrito de defensa del conductor del convoy, proclama su inocencia, aunque alternativamente y “a efectos dialécticos”, asumiría siete faltas por homicidio imprudente y 84 faltas de lesiones imprudentes, con una pena reducida a una multa de mes y medio a razón de una cuota de tres euros diarios.
La defensa del operador ferroviario sigue manteniendo –frente a la opinión de la acusación que dijo que no obedeció a las señales de parada cuando circulaba a 125 kilómetros por hora– que existieron “errores y contradicciones en el sistema de señalización” y cree que existen dudas razonables sobre el funcionamiento del sistema.
El acusado afirma que las supuestas contradicciones en que incurre el sistema BAB supuso un mayor número de descarrilamientos, “por lo que el itinerario que recorría el tren siniestrado se ha venido en calificar como itinerario-riesgo”. La defensa alega que de forma determinante pudo producirse un fallo en la propia bombilla amarilla que hiciera que la señal de avanzada apareciera en ‘vía libre’ en lugar de en ‘anuncio de parada-anuncio de precaución’, lo que habría dado lugar al accidente.