La caja negra contradice al maquinista leonés que dice que percibió vía libre
Fotografía del juicio por el accidente de Villada que se celebra esta semana en la Audiencia de Palencia. ICAL
L.C. / León
Un técnico de seguridad de circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que participó en la investigación del descarrilamiento que causó siete muertos y un centenar de heridos en 2006 en Villada, insistió ayer, en la segunda sesión del juicio oral, que el sistema de avisos no falló. Aseguró que en la ‘caja negra’ del tren quedó registrado sin margen de error que el maquinista del convoy había pulsado dos veces el botón de reconocimiento del sistema de señales de aviso al llegar a la estación y en el cambio de agujas.
“La pastilla de control recoge las dos pulsaciones que hizo el maquinista”, dijo el testigo del fiscal, que coincide con la versión de otro técnico y que confirma que el único acusado y conductor, de 46 años y natural de León, advirtió la señal visual verde-amarilla y el pitido largo que indicaba máxima precaución y la obligatoriedad de reducir la velocidad.
El técnico de la compañía ferroviaria señaló, como ya lo hicieron otros testigos, que los datos registrados en la ‘caja negra’ no pueden ser manipulados y sostuvo que podría darse el caso de que determinadas circunstancias de la ruta no quedaran grabadas por algún fallo del sistema informático.
En cualquier caso, precisó que “si la caja negra contiene algunas informaciones relativas a algún hecho concreto de la conducción del convoy es porque se han producido, además de apuntar que las cintas registradoras han sufrido algún fallo de grabación, “pero en otros modelos distintos” al que estaba en el tren siniestrado.
Los datos de la ‘caja negra’ contradicen al conductor que alegó que se produjeron fallos en el sistema de reconocimiento de señales y que, en todo momento, percibió una señal verde y de vía libre.
En la vista oral, que se prolongará hasta el viernes, el maquinista leonés, único imputado, se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión por siete homicidios imprudentes y también se le reclama una indemnización de 1,6 millones de euros.