“Los banqueros hacen el trabajo de Dios”. La ya histórica frase pronunciada en un entrevista por Lloyd Blankfein, primer ejecutivo del banco norteamericano Goldman Sachs, parecería fruto del delirio si no encerrase la esencia del pensamiento que ha dominado la economía en las últimas décadas, y lo intenta también ahora. Blankfein representa a Goldman Sachs y esta empresa es la quintaesencia del poder económico y político en EEUU. Fundada en 1869, su poder como banco siempre ha ido paralelo al poder político en el Gobierno de EEUU. Como ejemplo, sólo basta recordar que tres de sus últimos presidentes –Henry Paulson, Hank Paulson y Robert Rubin– pasaron directamente de la Presidencia de la Compañía a la Secretaría del Tesoro en EEUU, con las administraciones de Bush y Clinton. El actual secretario del tesoro de la Administración Obama, Tin Geithner, también fue máximo ejecutivo del Goldman.
Esta firma es más que un banco, es el Vega Sicilia de los bancos. El sueldo medio de sus empleados es de 600.000 dólares al año y sus análisis influyen en todo el mundo. Es especialista en crear nuevos instrumentos financieros que definen el mercado global, hasta el punto de que en 2005 pasó a denominar a los países emergentes como BRIC, en los que incluyó a Brasil, India, China y Rusia. De su evolución ya conocemos hoy los resultados, sobre todo el más sorprendente, el de Brasil. El objetivo de Goldman es, por tanto, alcanzar el control del poder político a través del dinero.
Con este historial, se entiende en su contexto la frase de Blankfein y que, a pesar de la batalla de Obama contra los supersueldos de la banca de Estados Unidos, a pesar de haber recibido del Gobierno el pasado año 10.000 millones de dólares para evitar la quiebra, la pasada semana se haya atrevido a anunciar que este año destinará a bonos extra para sus ejecutivos nada menos que 16.700 millones de dólares.
Con esta larga introducción quiero dejar claro que, tanto en la Historia como en la actualidad, el objetivo de los banqueros ha sido hacerse ricos y conseguir poder político para hacerse aún más ricos y que, tras el triunfo del corporativismo, los especialistas han suplantado en las cúpulas directivas de las grandes corporaciones a los antiguos capitalistas que arriesgaban su dinero, provocando un aumento de los escándalos de corrupción, de despilfarro y de derroche del dinero de los accionistas de esas multinacionales. El caso Madoff sólo es el más llamativo ¿Recuerdan la jubilación con 56 millones de euros del vicepresidente del BBVA el pasado mes de septiembre?
Sentadas estas bases quiero romper una lanza a favor del control político de las instituciones bancarias y particularmente en las cajas de ahorro españolas, para finalmente defender el intervencionismo político en nuestra actualidad más cercana, la fusión de las cajas de la Comunidad y, más concretamente, de Caja España y Caja Duero.
Ciertamente, los banqueros españoles parece que son de los pocos que se han salvado de la quema mundial y no han necesitado dinero público para mantener sus empresas. Esto, no obstante, tiene matizaciones. Han usado a mansalva el dinero del BCE, que es público, se libraron de las ‘subprimes’ porque un funcionario público, el presidente del Banco de España, lo impidió en su momento mediante una ley y, finalmente, gracias al Banco de España, han podido retrasar en sus balances las enormes pérdidas del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ha dado lugar a acusaciones internacionales de que las ocultan.
Las cajas de ahorro en España están controladas mediante ley por los políticos de cada provincia y Comunidad, que participan en sus consejos de administración. Esto garantiza su función pública, que consiste en que no dan dividendos e invierten las ganancias en obra social. Esta estructura no es, por supuesto, perfecta. Hay politización y decisiones económicas condicionadas electoralmente. Los bancos las acusan de usar la Obra Social como puro marketing y, finalmente, en tiempos de crisis no pueden salir al mercado a buscar dinero como un banco, por lo que tienen que recurrir al Estado.
La burbuja inmobiliaria ha dejado a todas las cajas tocadas, de ahí que todas sin excepción hayan optado por huir hacia adelante creciendo mediante procesos de fusión. Este proceso necesitará hasta 90.000 millones de euros de aportaciones de fondos públicos, el denominado FROB. La fusión de Caja España y Caja Duero es el ejemplo típico de fusión o muerte por imperativo del Banco de España y necesitarán hasta 500 millones de euros de fondos públicos con los que pagar despidos y cierre de oficinas.
Fracasada la fusión con Burgos, ahora se negocia contrarreloj la fusión a dos y en ésta intervendrán de lleno los políticos. Esta última decisión es indispensable, porque se van a tomar decisiones políticas, como son las sedes y las direcciones. Los políticos en el gobierno de las cajas, hoy por hoy, son la garantía de que no se tomarán decisiones tan aberrantes como las que toma Goldman Sachs, porque los políticos sí tienen responsabilidad social y se someten a elecciones al menos cada cuatro años. Si además se beneficia con esta politización a la provincia y a la región de la que sacan su dinero las cajas, miel sobre hojuelas. Los políticos deben seguir al frente de ellas, y sin complejos.
