ICAL / Valladolid
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó hoy el acuerdo alcanzado con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) por el cual la Junta se compromete a aportar 125.000 euros para que la Federación organice acciones de promoción, información, sensibilización y asesoramiento en materia de ruido para la correcta aplicación por los ayuntamientos de la nueva Ley del Ruido en la Comunidad, en vigor desde el pasado 9 de agosto.
“La competencia para poner en marcha esas medidas es municipal, y la ley incluye novedades importantes que afectan, por ejemplo, a las normas de edificación”, explicó Ruiz, que atribuyó a “un error” la ausencia del presidente de la FRMPCyL, Miguel Ángel García Nieto, con quien debía haber firmado esta mañana el convenio de colaboración para impulsar la aplicación de la Ley.
En virtud de ese acuerdo, la Federación se compromete a organizar al menos una docena de acciones formativas en materia de ruido y a ocuparse de la captación y selección de los representantes de los municipios que se ocuparán de coordinar el control del ruido.
“El ruido afecta al descanso y a la salud de las personas, y genera molestias importantes principalmente en los entornos urbanos”, afirmó Ruiz, antes de explicar que el desarrollo de la normativa tendrá dos marcos de actuación: los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y los que poseen una población menor, que tendrán que recibir asesoramiento técnico por parte de las diputaciones provinciales para poner en marcha las medidas oportunas.
En su intervención, la consejera anunció que la Junta ha destinado además 1,4 millones de euros para la elaboración de los mapas de ruido de las poblaciones de la Comunidad con más de 20.000 habitantes. En total, una docena de núcleos urbanos de esas características se aprovecharán de la ayuda, mientras que las corporaciones de Valladolid, León y Miranda de Ebro (Burgos) han solicitado elaborar esos mapas por su cuenta.
Los nuevos mapas de ruido deben estar elaborados antes del 30 de junio de 2012 e incluir los datos de 2011, y a partir de entonces tendrán que actualizarse cada lustro, mientras que los planes de acción correspondientes tendrán que estar cerrados en el año 2013. La ley contempla además un periodo de adaptación a la norma de tres años, para que las instalaciones existentes en la actualidad se adapten a las prescripciones de la norma.
La Ley del Ruido incluye también la creación y regulación del funcionamiento de entidades de evaluación acústica, y determina los criterios para la autorización del funcionamiento de emisores de ruido. Además, establece los criterios para la concesión de licencias de primera ocupación de viviendas, y la obligación de que el proyecto de edificación incorpore un estudio acústico de la zona antes de ser aprobado.
Por otra parte, la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, dependiente de la Consejería, ha promovido nueve jornadas informativas que tendrán lugar en las capitales de provincia de la Comunidad entre el 24 de noviembre (en Burgos) y el 16 de diciembre (en Valladolid). En esos encuentros se resumirá el contenido de la Ley5/2009, del 4 de junio, del Ruido en Castilla y León, y se abordarán los aspectos de la ley relacionados con la acústica de la edificación y con la acústica de las actividades.
