ICAL / León
La Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de Castilla y León (Apeocyl) denunció hoy que la nueva normativa que la Junta de Castilla y León quiere poner en marcha en la Comunidad, con la supresión de la Comisión de redactores de pruebas unificadas de certificación para Escuelas Oficiales de Idiomas, “pretende imponer y contribuirá a crear desigualdad y falta de objetividad”.
Con la nueva normativa, los departamentos didácticos serán los encargados de elaborar las pruebas de certificación de la competencia lingüística de los alumnos, de forma que, según la Administración autonómica, se dará más autonomía a los centros, mayor responsabilidad a los profesores y un refuerzo en la calidad educativa.
Los docentes responden a la Junta que esta supresión no hará sino añadir “más responsabilidades y tareas” a los profesores, porque deberán elaborar las pruebas de certificación del segundo curso de los niveles Intermedio y Avanzado, que antes redactaba una comisión de profesores especialistas, lo que provocará que se reste autonomía, “al imponer más responsabilidades a los profesores, a los que no se ha consultado, ni pedido opinión al redactar esta norma”.
Desde la asociación critican además la “poca estabilidad” de la normativa que afecta a estos centros, ya que con la nueva orden que se pretende implantar este curso, la Consejería de Educación modificaría tres veces en un solo año la base jurídica que regula la evaluación y certificación en Escuelas de Idiomas, precisaron. Con la aprobación de esta normativa, confirman que Castilla y León será pionera, pero en la supresión de la Comisión de elaboración de pruebas Unificadas de certificación, “frente al resto de regiones o comunidades autónomas, que elaboran una única prueba centralizada”.
Además, apuntan que tanto la Asociación de estudiantes de la escuela de León como su asociación ya presentaron quejas sobre las pruebas elaboradas en algunos idiomas el pasado curso, “debido a la irregularidades que presentaban esas pruebas, que en algunos idiomas fueron elaboradas por personal ajeno a las escuelas, puesto que la Comisión anterior integrada por profesores especialistas había presentado su dimisión en pleno, ante el incumplimiento de las garantías y condiciones de trabajo prometidas por la Consejería”.
Por otro lado, la Asociación insiste en que en que en ningún momento han cuestionado la capacitación profesional de sus compañeros sino que critican “las insuficientes medidas que desde la Consejería de Educación se han puesto a disposición de esos compañeros, medidas que supuestamente persiguen una capacitación lingüística del profesorado que impartirá clase en centros bilingües de Castilla y León”.
