Diputación propone devolver y parar los recibos de reciclado de este año

Trabajadores del CTR de San Román en plena labor de reciclado. M. PEÑA

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Marian García / León
La presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco, dio ayer un ‘golpe encima de la mesa’. Harta de comerse el “marrón” de la gestión de las basuras de la provincia de León, tal y como expresó hace apenas una semana, hoy propondrá a la Junta de Gobierno del consorcio que gestiona las basuras provinciales (Gersul) la devolución de todos los recibos remitidos hasta ahora para el pago del Centro de Tratamiento de Residuos correspondientes al año 2009 y la prohibición de girar un sólo recibo más con cargo a este año.
De este modo, y a expensas de lo que decida la Junta de Gobierno y posteriormente la asamblea del organismo, integrada por los municipios de la provincia de León, la ‘pelota’ del impopular recibo que pagan los leoneses quedará ahora en manos de los órganos gestores de la basura de la provincia de León.
En una durísima rueda de prensa convocada para la mañana de ayer, la presidenta de la Diputación Provincial de León desgranó los ‘despropósitos’ acumulados en la gestión de los residuos sólidos urbanos de la provincia leonesa. Gestión que calificó de un “agujero negro”. El dato más significativo aportado por la presidenta es que el consorcio para la gestión de las basura debe 18 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Urbaser y FCC.
La medida que hoy propondrá la presidenta de la Diputación –que actuará por una vez como presidenta del consorcio a pesar de que el servicio está delegado al diputado José Antonio Velasco– intenta poner freno al clamor social, que lleva semanas con manifestaciones activas en contra de la subida de las tasas que se pagan por el servicio de reciclado de basuras.
Isabel Carrasco llevará a la Junta de Gobierno del consorcio, además, la propuesta de que se propicie un cambio jurídico para que los servicios de recaudación de la Diputación de León dejen de gestionar la recaudación de los recibos que tienen que ver con el cobro de los recibos. “A partir de ahora –indica la presidenta de la Diputación de León– la recaudación de los recibos pasarán a formar parte de las competencias de los ayuntamientos, tal y como recogen los estatutos de Gersul”.
Tras las medidas de paralización y devolución de los recibos cobrados en 2009, la presidenta de la Diputación, aboga y así lo expondrá en la Junta de Gobierno de hoy por llevar a cabo una exhaustiva valoración económica para determinar cuál debe ser el importe de la tasa que se paga por el tratamiento y reciclado de los servicios urbanos. Tasa, que en todo caso, “se revisará a la baja”, tal y como explicó la presidenta.
Isabel Carrasco no obvió, en la mañana de ayer, ninguno de los detalles sobre la ‘dudosa’ gestión de los residuos de la provincia, desde la constitución del consorcio en el año 1997. Reconoció los ‘errores’ cometidos en los sucesivos gobiernos de la Diputación y dejó claro que “nadie me va a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”. Al tiempo, fue tajante a la hora de repartir responsabilidades y deudas. Se refería al “sobrecoste” planteado por Legio VII, incluso antes de la conclusión del CTR en el año 2005, al impago de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes “que ahora pueden financiar la deuda a 20 años”, a la subida del canon que pasó de 29,6 euros por tonelada en 2005 a 44 euros con carácter retroactivo, al pago de la solución transitoria –antes de que existiera el CTR y que acabó con miles de toneladas en Santa María del Páramo, Trobajo del Cerecedo y Ferral del Bernesga– y una factura de 14 millones de euros.
Así las cosas, Isabel Carrasco dejó meridianamente claro que la Diputación Provincial de León no se ha lucrado en ningún momento de la gestión de las basuras. Es más avanzó que el cobro de los recibos, “con un membrete institucional que ya hemos retirado”, ha dejado un déficit en la institución de más de 1,8 millones de euros.
Ante este panorama, la presidenta de la Diputación reprocha, básicamente al PSOE, el hecho de que haya intentado ser “demagogo y sacar rentabilidad política” de una cuestión que, bajo su punto de vista, afecta a todos los ayuntamientos de la provincia de León y no es exclusivo de la Diputación Provincial de León. “Lo lógico es que los ayuntamientos se retraten ante sus cuidadanos y no ponga la cara la Diputación para que se la partan”, concluye Carrasco.