Para obtener el certificado de nivel de cualquier idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León en los últimos años, era necesario aprobar un examen único para todos los alumnos de la comunidad autónoma. Se debía celebrar el mismo día y a la misma hora en cada uno de los centros. Y lo elaboraba una ‘Comisión de redactores de Pruebas Unificadas’. Esto no sucede en ninguna de las enseñanzas públicas que, de modo obligatorio y/o voluntario, se cursan en nuestra región. Los alumnos de Primaria, Bachillerato, Universidad, etc., se examinan de los contenidos del currículo establecido por la Junta de Castilla y León, de acuerdo con las pruebas determinadas por los profesores de cada centro, y dentro de éste, del departamento que corresponda, y hasta donde me consta, son absolutamente válidas y fiables.
Los cambios del sistema de evaluación previstos por el Gobierno regional en las Escuelas Oficiales de Idiomas, suponen a mi juicio una propuesta que imprime cordura, sentido común, racionalidad, atención al servicio público, valor al docente, e importancia a la enseñanza. Entiendo francamente, que el prestigio de un título no se logra sólo por una prueba, sino por un diseño de contenidos adecuados, que sean bien trabajados y exigidos por los profesores encargados de ello cada día, y esto creo que ya lo tenemos.
Como alumna que fui y que espero seguir siendo de la EOI León, quiero pensar que la postura mayoritaria de la comunidad educativa (profesores y alumnos fundamentalmente), es favorable si todos entendemos que el propósito primordial de una enseñanza, es precisamente eso, enseñar.
Entiendo que proponer que los alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas sean examinados por los profesores que les imparten las enseñanzas durante todo el curso, es una decisión que procede de la sensibilidad de quienes tienen cometidos de alta responsabilidad en la planificación educativa del Gobierno regional, porque son docentes y comprenden el significado de la palabra enseñanza. Además son funcionarios y sitúan en este caso con absoluta claridad, el interés general por encima de cualquier otro móvil.
Si además pensamos en el ahorro de fondos que este cambio podría suponer a las arcas públicas, se trataría de una medida doblemente deseable a mi juicio: incrementará la garantía de un aprendizaje adecuado a los objetivos instituidos, y además disminuirá costes. Como firme defensora de los servicios públicos, no apoyo la mengua de recursos, pero sí entiendo obligatorio su uso extremadamente racional. Es dinero público, de todos nosotros.
