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POLÍTICA / Gobierno europeo

Herrera exige a ZP su apoyo para la agricultura y el carbón

Cree que puede ser un momento histórico la presidencia española de la UE

Juan Vicente Herrera en una de las visitas que hizo a Rodríguez Zapatero en La Moncloa. CARLOS BARAJAS

J.G. Trevín / Valladolid
El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, destacó ayerla importancia de que el Gobierno, a punto de asumir la presidencia de la Unión Europea, impulse una política “en favor de los intereses de agricultores y ganaderos” y “en el ámbito de la energía” en defensa del carbón. Herrera atacó las políticas socialistas, “que, como mucho, han dado respuestas ante temas concretos pero nunca una solución global”. En esa línea consideró “fundamental” que en la Presidencia Europea se asegure el futuro de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013, “y que no nos cuenten milongas”. Asimismo apuntó que España “debe seguir considerando la agricultura y la ganadería sectores estratégicos para el abastecimiento”.
En lo relativo al ámbito energético, el presidente de los ‘populares expresó su orgullo por pertenecer al partido que en el año 1998 impulsó el Plan del Carbón, algo, aseguró, “perfectamente compatible con la presencia en Europa y con la apuesta por las energías renovables”. En ese sentido explicó que se trata de una actividad “fundamental” para determinadas comarcas de Castilla y León y remarcó que si el futuro pasa por renovar las técnicas de extracción para convertir la del carbón en una industria más sostenible “habrá que obligar a las empresas aplicarlas”.
Herrera dijo que el sector energético “no puede quedar al capricho de un gobernante incapaz de cumplir su promesa del pleno empleo y cierra una empresa que el Consejo de Seguridad Nuclear aseguró que podía seguir abierta diez años más” e incidió en que el Gobierno “no favorece un marco estable para el futuro de la energía eólica o solar porque no cree en ello”.
Herrera explicó que el PP de Castilla y León no se opone al concierto vasco y lo apoya “como parte de un contexto constitucional” y destacó que, hasta el momento, “ha sido compatible con un sistema de garantías cuando entendíamos que en virtud del mismo el Gobierno Vasco ponía unas normas discriminatorias”.

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