La oposición vecinal a la instalación de una antena de telefonía móvil en Mariano Andrés ha vuelto a poner sobre la mesa un tema polémico que no es exclusivo de León y donde el choque de intereses provoca agrias polémicas. Por un lado, los vecinos temen que las ondas electromagnéticas tengan consecuencias para su salud. A pesar de que es un asunto que lleva en cuestión casi una década, de momento los expertos no se han puesto de acuerdo y siguen existiendo tanto opiniones que así lo corroboran como voces científicas que creen todo lo contrario. El caso más recordado fue la polémica instalación de una antena cerca de un colegio de Valladolid donde varios niños tuvieron patologías cancerígenas. El juez dictaminó que no había relación de causa-efecto entre la colocación del emisor y las enfermedades de varios alumnos. Ante la instalación de cualquier antena, al derecho de los vecinos se suma la necesidad de las operadoras de contar con lugares donde instalar aparatos que han pasado numerosos trámites administrativos y que están autorizados, sin olvidar la creciente presión de los ciudadanos, que exigen cobertura máxima en todas partes, y más en una ciudad. En León, a raíz de la polémica de Mariano Andrés, el alcalde dijo ayer que es partidario de crear un parque de antenas fuera del casco urbano. La pregunta surge de manera inevitable: ¿Y dónde se pone ese parque? La respuesta, a falta de que Francisco Fernández diga dónde, no es fácil. En primer lugar, porque el término municipal de León es relativamente pequeño; en segundo lugar, porque es difícil que alguna población del alfoz acepte su instalación, a no ser que tenga fuertes compensaciones económicas, y, por último, porque la tramitación necesaria es muy compleja para que sea aprobada a corto plazo. Es verdad, y eso también hay que decirlo, que el Ayuntamiento de León ha intentado conciliar los intereses de todas las partes con una ordenanza, que ha tenido resultados aceptables, y la publicación de todos los proyectos en su página web. Sin embargo, no ha sido suficiente. No lo fue en otra polémica reciente, como la lucha que emprendieron hace dos años los vecinos de la calle Santo Toribio de Mogrovejo, en el Ejido, y no está resultando eficaz en el caso de Mariano Andrés. En ambos casos, son inmuebles de inquilinos donde el propietario y beneficiario del pago de la antena, no reside en el edificio. Después de varios años, va siendo hora de que la instalación de antenas tenga una regulación nacional, o al menos autonómica. Así se podría poner un poco de orden.
