El TSJ exime al primer alumno leonés de cursar EpC

D.A.T. / Ical / León
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado la primera sentencia en las que exime a un alumno leonés de cursar Educación para la Ciudadanía (EpC). Considera que, cuando las creencias religiosas o morales de los padres difieren de las que pretende inculcar el Estado, la participación de los alumnos en esta asignatura supone un “riesgo exorbitante de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad” a la que se refiere la Constitución Española en el artículo 27.3 en relación a la formación religiosa y moral de los menores, informó Ical.
El caso leonés, que se ha resuelto junto a otros 19 de Zamora, afecta en concreto a una niña que cursa sus estudios en el instituto de Eras de Renueva y que, en este curso, no tiene EpC, según confirmó ayer el presidente de la plataforma León Educa en Libertad,Aurelio García.
El representante del colectivo saludo la sentencia como un espaldarazo para un movimiento que aglutina a 250 objetores en la provincia de León, de los cuales, alrededor de un centenar esperan para los próximos días fallos similares al ya emitido por el TSJ. Con ellos, son ya424 los alumnos de Castilla y León que no recibirán EpC, por orden judicial.
Pese a todo, los fallos están recurridos ante el Tribunal Supremo cuyas sentencias niegan, al contrario que el TSJ, la posibilidad de objeción de conciencia en EpC. A su vez, estos dictámenes están siendo apelados ante el Tribunal Constitucional, según explicó Aurelio García. Sin embargo,consideró que el fallo del TSJ es suficiente para que los alumnos afectados no cursen ya la asignatura. De hecho, según reveló, alrededor de cinco niños ya lo están haciendo en León pese a no contar con una sentencia que les ampare en la que confianza de que ésta seresuelva en próximas fechas.
Las asociaciones de objetores de Educación para la Ciudadanía, entienden además que el Gobierno autonómico “no puede permanecer callado” después de más de 200 sentencias “y las que aún faltan” como “si no pasara nada”, al tratarse de sentencias que reconocen la existencia de una vulneración de derechos fundamentales “al imponer una moral de Estado obligatoria”. Añaden que si la actitud de la Junta no cambia y no se rectifica “inmediatamente”, será señal de que los responsables de la Consejería y el propio presidente “defienden Educación para la Ciudadanía tal y como está diseñada”.