La imagen y la declaración institucional sobre la defensa común del carbón y de la agricultura ofrecida ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, relaja la tensión política desatada entre el PSOE y el PP la pasada semana a raíz del empeoramiento de la recesión económica española y de los ataques financieros internacionales que sufrieron las bolsas y la deuda nacional. Herrera y De la Vega manifestaron perfecta sintonía en la defensa del carbón y la agricultura como sectores estratégicos ante la Unión Europea, aprovechando la Presidencia española este semestre. Estos temas son de una importancia crucial para la provincia de León y de su evolución dependerá en buena medida poder seguir sosteniendo el paro por debajo del 3% de la media nacional. De la Vega llegó incluso a poner de ejemplo a Herrera frente a Rajoy, recordando que el presidente de Castilla y León lleva años defendiendo la necesidad de un pacto de Estado frente a la crisis económica. Esto es cierto y aquí se ha destacado en varias ocasiones, pero la evolución de la crisis económica y la cercanía ya de elecciones están cambiando el discurso de Herrera, que la semana pasada lanzó un demoledor ataque a la política económica de Zapatero. En el encuentro también surgieron ya algunas discrepancias, relacionadas todas con la economía, como es el traspaso de las competencias en materia de Justicia. El Gobierno urge a Castilla y León para que las asuma, pero el Gobierno regional sigue sin aceptarlas, por considerar insuficiente la dotación económica. En el encuentro institucional no se abordó, al menos oficialmente, el que puede ser nuevo motivo de desencuentro, que es el gasto que tendrá que reducir este año la Junta de sus Presupuestos para contribuir a reducir el gasto comprometido por el Gobierno ante Bruselas, con el fin de atajar el creciente déficit público. El Gobierno anunció, tras conocerse que el déficit público se había disparado al 11,4%, que reformaría las pensiones y reduciría el gasto público en 50.000 millones de euros. De esta cantidad a las comunidades autónomas les corresponde reducir 10.000 millones y el Gobierno ha dicho que prefiere que sean éstas las que decidan cómo, cuándo y dónde. Esto obligará a la Junta a modificar el Presupuesto recientemente aprobado, lo mismo que le ocurrirá al Gobierno.
