Las Cortes debatirán un cambio legal para agilizar San Glorio

Imagen de la sesión plenaria celebrada en la jornada de ayer en las Cortes de Castilla y León. ICAL

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Ical / Valladolid
La quinta modificación de la ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, destinada a la reducción hasta en una cuarta parte, unos 45 días, del trámite de información pública y audiencia a administraciones e instituciones para la aprobación de instrumentos de ordenación territorial como las directrices esenciales, directrices subregionales y los planes y proyectos regionales, sigue adelante con el apoyo de los tres grupos de la Cámara, PP, PSOE y Mixto.
El Grupo Socialista, a través del procurador Francisco Ramos, respaldó ayer la toma en consideración de la proposición de ley firmada por los grupos Popular y Mixto, aunque expresó algunos matices con los que no está de acuerdo, entre ellos la “discrecionalidad” sobre la aprobación de un proyecto por ley de las Cortes o por decreto, la eliminación de informes técnicos o que se recorte el plazo de audiencia ciudadana.
Ramos argumentó que la propuesta reduce la seguridad jurídica, no es garantista y “desprecia” las opiniones de ciudadanos y colectivos, y estimó que no cumple con los principios estatutarios de fijar población y eliminar desequilibrios entre territorios. “Los empresarios nos exigen certidumbre, agilidad y apoyo económico”, apuntó. “No nos oponemos al debate y esperamos que no se apruebe por lectura única”, condicionó el procurador para dar el sí a que la norma siga adelante.
También expuso el temor de su grupo a que se abra la “puerta a saltarse planes y procedimientos” y a que se “derriben” algunas garantías de la actual normativa, mientras que recordó que si algunos de los proyectos no han salido adelante, como el de San Glorio, no es por falta de agilidad, sino del proyecto empresarial mismo. Igualmente, rechazó que se pueda abrir un “hueco a presiones particulares sobre el interés general”, en el caso de proyectos que se declaren de interés general.