Doble impulso a la estación de San Glorio

Momento del Pleno celebrado en la mañana de ayer en las Cortes de Castilla y León. ICAL

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LC / Valladolid
Las Cortes de Castilla y León dieron ayer un doble impuso al proyecto de construcción de una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Palencia, con la aprobación de una proposición no de ley y una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio que van en esta línea.
Lo primero en aprobarse, por unanimidad de todos los grupos, ha sido una proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto que abre la posibilidad de que la Junta de Castilla y León pueda participar en el accionariado de las empresas que promuevan en el futuro la estación de esquí de San Glorio, si se superan los condicionantes legales actuales.
El procurador del Grupo Mixto Joaquín Otero ha remarcado que “en los tiempos que corren lo difícil es encontrar empresas interesadas en promover una estación de esquí”, por lo que ha animado a “mimar” a los “únicos promotores privados interesados” por el momento en el proyecto, en alusión a la empresa Tres provincias, aunque no ha cerrado el apoyo a cuantos empresarios puedan interesarse por esta iniciativa.
Tras escuchar las propuestas del PP y del PSOE, que han presentado sendas enmiendas a la iniciativa del Grupo Mixto, Otero ha intentado aunar la filosofía de ambos planteamientos y lo ha logrado al introducir en el texto dos matices: que se abra la posibilidad de participar en el accionariado a otras administraciones y entidades y que se trate de un proyecto de desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente.
La discrepancia entre los grupos ha llegado más tarde, cuando se ha debatido la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que en la práctica permitirá agilizar la tramitación del proyecto de la estación de esquí de San Glorio, entre otras iniciativas empresariales de la comunidad. Aprobada mediante la presentación de una proposición de ley por parte del Grupo Popular y el Grupo Mixto, pese a la oposición del Grupo Socialista, es la quinta modificación que sufre la Ley de Ordenación del Territorio en los doce años que lleva de vigencia.