En esta época de verano es cuando se llevan a cabo en nuestra provincia la mayoría de las operaciones de compraventa de fincas rústicas. Ello no responde a ninguna cuestión agronómica, sino a la oportunidad del contacto entre el posible comprador, el agricultor lugareño, y el propietario de las fincas que se encuentra pasando unos días de vacaciones en el pueblo. Cada vez son más los propietarios de tierras que, ya en la segunda o tercera generación que ha sucedido al familiar que en su día las cultivó, sienten una absoluta desafección por la herencia familiar y las convierten en euros a la primera ocasión que se les presenta. En muchos pueblos ganaderos o con agricultura marginal, no hay apetencia compradora y por tanto la tierra no tiene valor alguno, salvo casos muy puntuales. En otros donde todavía se hace agricultura, considero por el contrario que el valor de la tierra es elevado y que está en absoluta desproporción respecto a la rentabilidad de la actividad agropecuaria.
Creo que comprar tierras para cultivarlas es hoy un mal negocio. No se puede comprar caro algo que requiere de dos generaciones de agricultores para amortizarlo, cuando en el ochenta por ciento de las explotaciones no hay relevo generacional. No se pude invertir a largo plazo en el campo cuando la política agrícola común se modifica cada seis años. No incentiva la inversión en bienes rústicos el hecho de que no exista ningún tipo de ayuda para ello ni ventaja fiscal alguna, más bien al contrario la operación está sujeta a impuestos. La alternativa a la compra es sin duda el arrendamiento, con seguridad jurídica para las dos partes, y hecho con la suficiente flexibilidad como para adaptarse en los importes a la situación de rentabilidad que en cada campaña se produzca. Los importes de las rentas, como ocurre con los bienes urbanos, los ha de marcar el mercado y se deben de evitar elementos distorsionadores que en el caso de las fincas rústicas vienen muchas veces de los propios agricultores que hacen subir los precios por utilizar criterios que nada tienen que ver con una gestión empresarial de las explotaciones.
Este no es un tema menor. En esta provincia hay más de trescientos mil propietarios de tierras, con medias inferiores a una hectárea, y los agricultores cultivan en arrendamiento –incluyendo arrendamientos a entidades locales– más del sesenta por ciento de su explotación.
