Fernando Franco / Madrid
La crisis no remonta, al menos para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración que se encarga de abonar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer debido a que se encuentran declaradas en situación de concurso o se hallan en situación legal de insolvencia.
El Fogasa había desembolsado en Castilla y León hasta el pasado 1 de agosto un total de 30,48 millones de euros, cifra que contrasta con los 28 millones con los que concluyó los siete primeros meses del 2009. Es decir, el incremento interanual se sitúa en el 8,85 por ciento. De los 30,40 millones, 11,88 fueron destinados a pagar salarios y 18,58 al abono de indemnizaciones por despidos.
Detrás de estas grandes cifras se encuentran los salarios e indemnizaciones de 6.729 trabajadores de la región que pertenecen a 2.090 empresas que están pasando serias dificultades financieras para hacer frente al pago de las nóminas. Valladolid fue la provincia donde el 'colchón' del Fogasa fue más necesario. En total, 1.891 asalariados por cuenta ajena recibieron 7,82 millones de euros. Por detrás se sitúo León con 6,64 millones de euros que fueron a parar a 1.489 trabajadores y Burgos con 6,06 millones de euros que aliviaron la situación de 1.044 empleados.
Completan el mapa de la actividad del Fondo de Garantía Salarial en Castilla y León Segovia con 3,49 millones de euros para 480 trabajadores; Zamora con 1,10 millones de euros que se repartieron entre 237 operarios; Palencia con 1,04 millones de los que se beneficiaron 262 empleados; Soria con 762.825 euros que se repartieron entre 180 personas, y Ávila con 547.616 euros para 143 trabajadores.
Los fondos aportados por este organismo adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración en Castilla y León suponen el 3,90 por ciento del total desembolsado en el conjunto de España, que a 31 de julio de este año ascendía a 779,60 millones de euros. Por dinero desembolsado, la Comunidad se posicionó en el séptimo lugar del ranking tras la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Madrid, País Vasco y Aragón. La mayoría de los expedientes tramitados se deben a insolvencia provisional o definitiva de las empresas afectadas. De ellas, el 96,93 por ciento tiene menos de 24 trabajadores.
