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FOMENTO

294.000 viviendas con más de 40 años deberán someterse a una inspección

La Consejería facilita ayudas para poder realizar todas las reformas necesarias

ICAL

L.C. / León
Un total de 294.140 viviendas de Castilla y León tienen una antigüedad superior a los 40 años, por lo que deberán someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), según se puso de manifiesto en Ávila durante la Jornada sobre Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios, iniciativa que se repetirá en todas las capitales de provincia de la comunidad hasta el próximo mes de mayo, cuando se cerrarán en Valladolid.
Estas jornadas, que fueron inauguradas por el director general de Urbanismo, Ángel Marinero, están dirigidas a los profesionales y técnicos del sector de la construcción para impulsar la inspección técnica y la rehabilitación de edificios y dar a conocer las novedades normativas y beneficios fiscales relacionados con la inspección y rehabilitación.
La rehabilitación y la inspección técnica de edificios constituyen elementos fundamentales para la generación de empleo en la comunidad. Según el INE, en Castilla y León hay un total de 294.140 viviendas de más de cuarenta años en municipios de más de 20.000 habitantes o en aquellos que, sin llegar a esa población, disponen de Plan General de Ordenación Urbana.
Según la normativa vigente, la Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para aquellas viviendas de estas características. Por todo ello, la Consejería de Fomento creará una nueva línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas que lleven a cabo la Inspección Técnica de Edificios que puede alcanzar hasta el 30 por ciento del coste de dicha inspección.
Además, la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha un incentivo fiscal asociado a la inspección de edificios que bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años de antigüedad para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria a partir de los cuarenta años. La deducción en el IRPF asciende al 15 por ciento de la cantidad abonada a la empresa que efectúe el trabajo con un máximo de 10.000 euros por ciudadano.
El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de uso y habitabilidad de los edificios que por otra parte es obligatoria para los propietarios de las viviendas de más de 40 años. De esta forma se incentiva la seguridad de los edificios y al mismo tiempo se genera empleo en un sector muy afectado por la crisis económica.
La jornada celebrada en Ávila contó con la presencia de varios representantes del Colegio de Arquitectos, Aparejadores, del Colegio de Administradores de Fincas, Cámara de Contratistas, Instituto de la Construcción, entre otros organismos e instituciones que están relacionadas con el sector.

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