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TRIBUNALES / Incendios forestales

Los atestados de la Guardia Civil resultan “demoledores” para el celador imputado

Los juzgados de Ponferrada acogieron ayer la declaración de los testigos delincendio de Porcarizas

El incendio de los montes de Porcarizas fue intencionado y de él se acusa a un celador de la Reserva de Caza de los Ancares. CÉSAR SÁNCHEZ (ICAL)

L.C. / Ponferrada
El Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada acogió ayer el maratoniano acto de más de cinco horas de duración declaración de varios agentes medioambientales, celadores y testigos del caso de A.G., celador de la reserva de caza de Los Ancares imputado como presunto autor del incendio forestal que destruyó más de 300 hectáreas en los montes de Porcarizas, en el municipio de Villafranca de El Bierzo, el pasado 17 de octubre de 2011.
Algunos de los testigos afirmaron haber visto con prismáticos el vehículo del acusado en las proximidades del foco que originó el incendio el mismo día en que éste se produjo. Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil que en su día levantaron los atestados correspondientes, se ratificaron en sus informes y atestados, informes y atestados que uno de los abogados de la acusación particular calificó ayer como “demoledores” para el celador imputado.
Además, la acusación particular está dispuesta a pedir nuevas diligencias al juez, por entender que hay cuestiones no suficientemente dilucidadas que deben investigarse con mayor profundidad.
Los testigos propuestos por la defensa del imputado eran compañeros que, siempre según la acusación, no estuvieron presentes cuando se originó el incendio, y que su principal labor fue dedicarse a desprestigiar a los testigos de cargo.
Las declaraciones de ayer se inscriben dentro de la fase de investigación del caso, al finalizar la cual el juez estimará si hay indicios de comportamiento delictivo en la actuación del celador imputado o si el caso ha de sobreseerse. Si el juez estima la existencia de indicios racionales de criminalidad, entonces remitirá las actuaciones a la Audiencia Nacional, que es el órgano que debe entender del caso dada la gravedad y la pena prevista en el Código Penal para el delito en cuestión.
Durante la declaración de los testigos propuestos por la Fiscalía y por la defensa, estuvo también presente una letrada representante de la Junta de Castilla y León, personada como acusación en el caso.
Además de la Junta de Castilla y León hay otros seis colectivos ecologistas que han dedicido ejercer la acusación particular. Se trata de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Ecologistas en Acción, A Morteira, Tyto Alba, Urz, (estos cinco colectivos ejercen la acusación particular de manera conjunta), y la Fundación Oso Pardo (que ejerce su propia acusación particular).

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