Herrera presenta 9.720 millones, un 3,24% menos, como “presupuesto de transición”

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante su intervención tras el Consejo de Gobierno. ICAL

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Ical / Valladolid
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presentó ayer unas cuentas para la comunidad en 2012 con una reducción de fondos que sitúan sus créditos en 9.720 millones de euros, lo que supone un 3,24 por ciento menos que el año pasado, 325 millones, y lo sitúa en niveles de 2007. En un contexto de recesión y tras cinco años de severa crisis, Herrera defendió que se trata de un presupuesto “posible y realista”, con caídas en todas las partidas, aunque en menor medida en las políticas sociales y con más sacrificio en las inversiones. Sostuvo que las grandes cifras que aprobó el Consejo de Gobierno tienen una clara voluntad de “transición” y de que los ajustes y las medidas de ahorro, eficiencia y nuevos impuestos sean suficientes para que “más pronto que tarde” se sienten las bases de la recuperación económica y se pueda dar una “solución al drama del desempleo”.
Después de “cinco años de seísmo”, aunque la situación de la comunidad es “menos desfavorable”, el presidente de la Junta confesó que los acontecimientos no le “superan” y que su estado de ánimo está “cargado”, como cree que debe tenerle quien tiene una responsabilidad pública, porque de no ser así y “quien se dé por vencido, lo mejor que puede hacer es marcharse”. En este momento, resumió su estado de ánimo en la “firmeza, la responsabilidad y la serenidad” y subrayó que, tras once años en el cargo, tiene “solera y una experiencia para ver mejor las cosas malas”.
Las cuentas, con efecto retroactivo a 1 de enero de este año aunque las Cortes lo aprueben a finales de julio, se reducen un 3,24 por ciento respecto a 2011, con un techo de gasto de 9.108,3 millones de euros, procedentes de 8.312,8 millones de los ingresos no financieros, y 856,3 millones del objetivo de déficit del 1,5 por ciento del PIB, a lo que es preciso restar 60 millones de ajustes de contabilidad nacional. Un presupuesto del que Herrera repitió insistentemente su apuesta por las políticas sociales, ya que Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades absorben casi el 80 por ciento de los 7.821,17 millones de euros del gasto no financiero previsto para el conjunto de las consejerías. “Tras la frialdad de las cifras hay ideas, política y sentimiento”, enfatizó en el inicio de su discurso.
Herrera pudo describir estas cuentas tras ocho meses de retraso, al contar con todos los datos de ingresos y con la aprobación de la Ley de Medidas –donde están los nuevos impuestos–, el plan de racionalización del gasto, el techo de gasto, el plan de ajuste y el plan económico y financiero 2012-2014. El presidente incidió en el enorme esfuerzo de austeridad “selectiva” que deberán acometer para poder hacer frente al gasto “poco flexible” en servicios sociales que han asumido en estos últimos años, con créditos en niveles de 2007, y en un contexto marcado por una “estricta vigilancia” del cumplimiento del déficit público.
Juan Vicente Herrera arremetió de nuevo contra un modelo de financiación que no alcanza a cubrir por 700 millones los servicios básicos que presta la comunidad, y defendió en un contexto de rebaja del 50 por ciento de los ingresos tributarios de la Junta durante los años de crisis, el uso de la capacidad normativa, para la creación de nuevos impuestos ambientales, y el céntimo sanitario, así como la recuperación del gravamen al patrimonio de los que más tienen, que permitirán una recaudación de 204 millones de euros. Aseveró que decidieron no subir el tramo del IRPF y mantener la bonificación del 99 por ciento en el impuesto de sucesiones y donaciones, pero han limitado el acceso a las bonificaciones fiscales a rentas individuales por 18.900 euros y conjuntas por 32.500. En este contexto, reconoció el “esfuerzo” y el “sacrificio” de los ciudadanos y de los sectores más afectados.
Aunque calificó de “duro e ingrato” reducir el gasto público que se dirige a personas y empresas, mantuvo que los ajustes aplicados, en una comunidad que parte de una situación mejor que otras, demuestran el “compromiso de Castilla y León con los servicios públicos fundamentales”. “Se ha elegido entre lo malo y lo peor”, resumió.
Y es que las cuentas se asientan en un crecimiento negativo del 1,5 por ciento frente al -1,7 por ciento de España y el -0,3 por ciento de la Zona Euro a 17 países, una tasa de paro del 18,6 sobre el 16,7 de 2011 y una pérdida de empleo del 3 por ciento. El Gobierno ha fijado un déficit del 1,5 por ciento sobre el PIB para cumplir con el objetivo del 5,3, lo que supone un margen de nuevo endeudamiento de 856 millones, si bien la Junta recurrirá a 820 millones con los que cumple el objetivo de estabilidad.
El jefe del Ejecutivo autonómico incidió una y otra vez en su apuesta por los servicios sociales sacrificando por ello otras áreas de la Administración autonómica. Así, el recorte, como ya ocurrió el pasado año, es más acusado en el capítulo de operaciones de capital, que asciende a 1.247 millones, un 34,48 por ciento menos que en 2011; de los que 450 millones corresponden a inversiones reales (-46,60%) y 797 a subvenciones (-24,85%). “No se produce un ajuste lineal por departamentos”, dijo.
Junto a su apuesta social y en esta “pésima evolución de los ingresos”, en un contexto de recesión y bajo la vigilancia de cumplimiento del déficit, la Junta también apuesta, dijo el presidente, por la recuperación económica, junto con el gasto social, y mantiene el 3 por ciento en I+D+i (297 millones) y aumenta un 35 por ciento los préstamos reembolsables a las empresas.
De esta manera, la Consejería de Economía y Empleo es la única que aumenta su partida en un 3,49 por ciento, mientras que Presidencia contará con un 26,82 por ciento menos; Cultura y Turismo merma un 22 por ciento; Fomento y Medio Ambiente un 21,99; Agricultura y Ganadería un 17,69; Hacienda un 7,01; Sanidad un 0,90; Educación un 7,10 y Familia un 5,89 por ciento. También el presupuesto de las Cortes se recorta en un 12,50 por ciento, igual que el del Consejo Consultivo. La deuda pública es la que aumenta un 56,98 por ciento hasta los 610 millones de euros.
Con este esquema de gasto, Herrera recalcó que el presupuesto es social, que es “lo que quieren los ciudadanos” y concluyó que se mantiene la equidad y calidad de los servicios públicos. Los “sacrificios” que se imponen no son “lineales”, se asientan en una “austeridad selectiva, cuidadosa con los servicios públicos” para evitar el riesgo de exclusión social y “rigurosa” en las áreas no sociales.
El aumento de la jornada, de ratio por alumno en las aulas y la merma de profesores interinos pueden explicar la reducción del siete por ciento en el presupuesto de la Consejería de Educación, argumentó el presidente.