Los funcionarios leoneses se sumarán a las movilizaciones contra los recortes

El salón de actos de la Delegación de la Junta durante la celebración de la asamblea. MAURICIO PEÑA

J.J. Porras / León
El salón de actos del edificio de la Delegación Territorial de la Junta se quedó ayer pequeño para acoger a los más de 400 funcionarios que asistieron a la asamblea para acordar las movilizaciones contra las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno y que afectan de manera notable a todos los empleados públicos.
En la reunión, convocada por los cuatro órganos de representación del personal adscrito directamente a la Delegación Territorial de León –un total de 3.584 trabajadores, se decidió adherirse a la Plataforma Sindical de Empleadas y Empleados Públicos creada en Madrid el pasado día 19 y que se constituirá hoy en Castilla y León.
Asimismo, se acordó sumarse a todas aquellas asociaciones pacíficas que convoquen movilizaciones, así como a cuantas medidas de presión consideren oportunas en defensa de los derechos adquiridos y reconocidos de los empleados públicos. Entre ellas el conocido como movimiento de “los viernes de negros”, que cada viernes se concentra como medida de protesta ante los edificios públicos.
Según el presidente de la Junta de Personal, Manuel Martínez, en León la concentración se realizará también los viernes frente a la Delegación de la Junta. Una protesta que prevé recorrer “de forma lenta” todos los aledaños de este edificio.
A falta de la convocatoria de próximas movilizaciones por parte de la plataforma nacional, la asamblea también decidió sumarse a las protestas que protagonizan todos los jueves en la plaza de San Marcelo los funcionarios de Educación.
Por otra parte, se redactará un manifiesto que será firmado por los empleados públicos en defensa del Estado de Bienestar y los derechos de los funcionarios y laborales de la Junta de Castilla y León.
Desde la Junta de Personal se informó a los trabajadores que se están manteniendo contactos con todos los representantes de las juntas de personal y comités de empresa de todas las Administraciones Públicas para coordinar las acciones de protesta de los 31.000 empleados públicos leoneses, 15.780 en la Junta de Castilla y León.