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Lunes, 01 de julio de 2013
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las sanciones a la administración por protección de datos se elevan un 30%

Las infracciones en los registros de la propiedad han elevado el porcentaje

Una persona utilizando su DNI electrónico para hacer un trámite con la Administración.

L.C./ León
Según la memoria de 2012 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), las Administraciones Públicas fueron sancionadas un 30% más que el año anterior por diferentes tipos de infracciones con respecto al tratamiento no adecuado de los datos personales de los ciudadanos. Un incremento que se debe, principalmente, a la declaración de 32 infracciones a Registros de la Propiedad por haber desvelado información sin verificar apropiadamente el interés legítimo de los solicitantes.
Cualquier persona puede acceder a la información de los Registros de la Propiedad, un servicio público muy utilizado para comprobar la titularidad de una propiedad, localización exacta, si tiene cargas, etcétera. En España se solicitan al año entre 15 y 20 millones de notas registrales, principalmente notas simples, que extienden el poco mas del millar de registradores de la propiedad existentes en nuestro país, funcionarios públicos del Estado, licenciados en Derecho, que accedieron al cargo mediante oposición, y cuyas retribuciones proceden directa e íntegramente de los aranceles cobrados a usuarios privados o públicos, el Estado no se lleva nada. Una actividad que genera unos ingresos de más de 150 millones de euros al año a repartir entre los poco más de 1.000 registradores en activo y el Colegio de Registradores.
En teoría, cualquiera puede informarse de los bienes de otra persona, física o jurídica. Eso sí, expresando siempre el motivo o causa de la consulta. Una petición que deberá ser calificada por el registrador quien, en función de las circunstancias que concurran, puede denegar la información con arreglo a la legalidad vigente. En cualquier caso, está prohibido incorporar la información recibida a una base de datos autónoma para su posterior comercialización.
El problema ha surgido cuando la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Registros Públicos comprobó que el Colegio de Registradores, a través de su página web (www.corpme.es), empleaba un sistema masivo de emisión de notas simples que no permite que el registrador compruebe el interés legítimo del solicitante, tal y como establecen las leyes Hipotecaria y de Protección de Datos.
Para corroborarlo, solicitaron (y recibieron sin mayor problema) más de 50 notas simples (pedidas en varias docenas de registros de la propiedad y mercantiles), en las que indicaban como motivo de la consulta razones ilógicas y absurdas como “interés espurio”, “interés cotilleante”, “curiosidad malsana”, “interés ergonómico”, etcétera. Incluso en ocasiones pidieron la información a nombre de personas inexistentes y DNI inventados, cuando la Ley establece que así como una persona puede consultar los bienes inmuebles de otras, éstas tienen el derecho de conocer quién, cuándo y por qué motivo ha solicitado información sobre fincas o derechos suyos.
Por estos motivos, la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Registros Públicos solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos la urgente inmovilización de los ficheros de datos de información personal, el cese de su tráfico y la aplicación del régimen sancionador correspondiente.
El incremento en un 30% de las sanciones hacia las Administraciones Públicas se obtiene a pesar de que durante el último ejercicio sus responsables de tratamientos de datos realizaran 246 consultas sobre cuestiones de cierta complejidad a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), un 57% del total de las planteadas. Unas dudas que partieron sobre todo de la Administración General del Estado (139), las comunidades autónomas (44), los ayuntamientos (31) y otros organismos públicos (32).



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